Desde 1940 hasta la Ley Videla:
Durante los años
treinta y cuarenta hubo un fenómeno en el interior de la Argentina que tendría
un gran impacto a nivel migratorio con los ciudadanos de sus países vecinos, el desplazamiento de trabajadores del interior del país hacia Buenos Aires, dejando muchas de las economías regionales sin mano de obra o con muy poca. En cierta forma y de manera paulatina los migrantes limítrofes comenzaron a llenar el vacío dejado por los trabajadores locales.
Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se crea la Dirección Nacional
de Migraciones en 1949, se creó con el propósito de centralizar la tarea de la
regularización y encausamiento de los
migrantes. La tarea del control y fomento de los migrantes estaba atomizada en
cuatro instituciones: la Dirección General de Migraciones (DGM), la Delegación
Argentina de Inmigración Europea (DAIE), la Comisión de Recepción y
Encausamiento de Inmigrantes (CREI)[1]
y el Instituto Étnico Nacional (IEN) (Galante; 2008). Al centralizar la
actividad se buscaba no sólo el mejor manejo de los migrantes, sino de
disminuir los conflictos innecesarios entre instituciones cuyas funciones se
solapaban. En ese mismo año el gobierno realiza dos acciones que tienen
relevancia referido a las migraciones, decreta una amnistía en ese mismo año
para los migrantes que no se habían regularizado y lo más importante, se crea
el Ministerio de Asuntos Técnicos (MAT), que tendría un importante papel sobre
las migraciones limítrofes.
La migración interna de los ciudadanos argentinos del interior del país a
Buenos Aires, provoca que los empresarios de las economías locales presionen al
gobierno, a través del MAT y del Ministerio de Trabajo, para poder tener los
medios para contratar a personas de los países vecinos para así satisfacer sus demandas
de mano de obra. Esto dio génesis a la Cédula de Bracero, un tipo de radicación
transitoria para los trabajadores estacionales y a que se firmara un tratado
bilateral con Chile, en 1953, para implementar mejor este instrumento. Esta
cédula bracera sienta precedente para la creación del Tránsito Vecinal
Fronterizo, más conocido como TVF piedra angular de las primeras fases del
MERCOSUR. Aunque sus finalidades y modalidades eran distintas permitía que un
trabajador de un país limítrofe pudiese estar transitoriamente en la Argentina.
A mediados de los años 50’s comienza a descender la cantidad de migrantes
europeos, y se podrá observar en todo el proceso migratorio, que a pesar de la
capacidad de auto perpetuación de las migraciones no duran para siempre
(Massey; s/f). Los fenómenos sociales que les dieron origen a los inmigrantes
europeos ya no estaban presentes, no se veían con necesidad de buscar un futuro
mejor en otro lugar. Ya desde esta época comienza la cada vez más creciente
inmigración de personas de países limítrofes, Fernando Devoto sostiene, no es
que comenzó, sino se hizo más notoria (Devoto; 2010). Los movimientos
transfronterizos, ya se registraban en el primer censo de población de 1869,
que se realizo en Argentina. Y como se menciono anteriormente ya los flujo en
el interior del país estaban presentes en los años treinta y cuarenta, pero a
principio de los sesenta los migrantes limítrofes buscaban trabajo en Buenos
Aires de allí nace, en cierta forma, la notoriedad a que se refiere Devoto, se
hacen más visible, ya no son una realidad alejada.
Hasta la entrada en vigencia de la Ley 25.871, todos los gobiernos, tanto
democráticos como los militares, consideraban la migración de los países
vecinos, como un problema o como no deseados (Susana Novick; s/f), no encajaban
en el modelo de país, con la identidad Argentina y la imagen que se quería dar
de sí misma para el resto del mundo; de un país Europeo o lo más Europeo
posible, de no ser un país latino americano más. Pero como se ha expuesto eran
tolerados y eran necesarios como trabajadores estacionales, el problema yacía
cuando quería establecerse de manera permanente.
Se había establecido un patrón. A partir de los años 60’s los gobiernos
militares aplicaban políticas restrictivas y policiales, mientras los gobiernos
democráticos decretaban amnistías para blanquear las masas de ilegales generados por las
políticas de los gobiernos de facto. Para los gobiernos militares la cuestión
migratoria era una cuestión de seguridad nacionalidad y en algunos en
particular, como durante el mandato de Juan Carlos Ongania, se busco apelar y
estimular la xenofobia. La política migratoria del momento era expulsar todo
aquel que era ideológicamente peligroso y esto se repetiría durante el Proceso
de Reorganización Nacional. Durante esta época se vuelve más notorio el
concepto de ilegal, esto
condicionaría toda la relación del Estado con los migrante. El concepto del
ilegal gira en torno al hecho que estos inmigrantes alteran el orden
ontológico, pero con los militares se hacía cierto énfasis en que también eran
una amenaza potencial a la seguridad, pero esto no coincidía con una realidad
fáctica. Hay que agregar que, durante este gobierno, en el discurso formal se
prefería la migración europea culta (Novick; 2010).
Para 1970 Argentina recibe 38% del total de las migración dirigidas a
América Latina y el Caribe (Giustiniani;
2004, p 24), la mayoría de los gobiernos
se planteaban la necesidad de disponer de
población activa, especialmente durante el gobierno de Illia y
posteriormente el tercer mandato de Perón, los migrantes eran el medio por el
cual se podía lograr el desarrollo que la Argentina necesitaba. Los gobiernos
de Perón fueron los únicos que tuvieron una relativa aceptación de los
migrantes limítrofes, pero se prefería la migración del ultramar. El cónsul de
Paraguay manifestó que durante el gobierno de Juan Domingo Perón, durante los
años 70’s, se necesitaba de mano de obra por diversos motivos y que los
migrantes paraguayos eran más que bienvenidos (Martínez; 2011).
Durante el Proceso de Reorganización Nacional nace La Ley General de
Migraciones y Fomento (Ley Nº 22.439), más conocida como la “Ley Videla”, es la
norma predecesora de la norma actual que enmarca la política migratoria de la
República Argentina, la misma entra en vigencia 1981. Según Susana Novik
(2010), la norma declara que la migración debe ser europea y se reconoce el rol
del Estado en promover las migraciones, esto se analizará más adelante en este
trabajo para demostrar que, en lo que se refriere a la migración europea, no
era tan explicito como la autora lo expone. Rubén Giustiniani califica la norma
“discriminatoria, policial y represiva” (Giustiniani; 2004, p 30), hay tener en
cuenta que tuvo su génesis durante la guerra fría y está enmarcada dentro de la
Doctrina de la Seguridad Nacional, que profesaba la necesidad del control de la
población tanto de nacionales como de no nacionales, como un aspecto
fundamental de la seguridad interna. Algunas de las características sobresalientes
de la norma es que permite la expulsión
de cualquier inmigrante sin importar su estatus si es condenado más de 5 años o
si ha afectado o podría afectar la
seguridad nacional. Estaba expresamente prohibido que un migrante ilegal
trabaje en reparticiones públicas, empleador, hotelero, hospital, colegio,
etc., debía exigir la constancia de residencia, y si el migrante no la tuviese
o estuviese en una situación de irregularidad, tenían la obligación de
denunciarlos. “Se podía detener sin orden de captura y allanar los hogares
donde se pensaba que podía haber inmigrantes ilegales” (Marmora en Giustiniani;
2004, p 60).La posición hacia los países limítrofes era aumentar las políticas
restrictivas y las expulsiones.
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