Con el regreso
de la democracia de la mano de Raúl Alfonsín se decreta una Amnistía para los
ilegales, se quería fomentar las migraciones, pero en 1985 se vuelve a una
política restrictiva debida a la crisis económica que atravesaba el país. Esta
crisis provoca una de las más grandes Emigraciones de Argentinos, especialmente
profesionales: la llamada fuga de cerebros. Como una curiosidad migratoria de
la época, es el acuerdo firmado con la República de Corea para permitir la
radicación de coreanos en la República Argentina, esta acción sale de los
esquemas de la política migratoria histórica del país.
En 1987 el gobierno radical dicta
un reglamento para la Ley Videla, establece una serie de requisitos y criterios
de radicación de la cual era muy difícil enmarcarse si uno era un migrante
promedio de un país limítrofe, únicamente si tenían padre o madre argentino,
cónyuge argentino o hijo argentino, se hacía plausible radicarse. Era
dificultoso conseguir los papeles en tiempo y forma, y cuando se conseguía todo
tardaba tanto que al momento de entregarlos había grandes posibilidades que le
rechazaran el trámite porque tenía algún rubro vencido. Era muy exigente para
la época.
En 1989 asume la presidencia Carlos Saúl Menem. Durante su presidencia
establece la necesidad de más control sobre las migraciones, para contrarrestar
con las nuevas modalidades de crimen internacional. Menem decreta otra Amnistía
para los ilegales y la República Argentina firma un acuerdo con la República de
Perú. También dentro del marco normativo aparece el decreto 1033/92. En 1993 la
DNM comienza aumentar los operativos y realizaba expulsiones inmediatas si era
necesario. Aparece el fenómeno de las “ocupaciones”, donde los migrantes
usurpaban casas que no le eran propias, pero esta problemática no sólo se
limitaba a los migrante como muchas veces se publicaban en los medios, el hecho
de ser extranjeros y pobres era más notorio. En los años 90’s se comenzó a
acentuar una “retórica de exclusión”, semilla plantada con la aparición de la
Ley Videla. Muchos de los problemas sociales de esta década, eran efectos no
deseados de las reformas neoliberales del gobierno de Menem. Temas como el
desempleo y la delincuencia comenzaron a ser vistos de a poco como culpa de los
migrantes, para ser más especifico los de origen boliviano, peruano y
paraguayo. La ley Videla sirvió a los intereses del gobierno del momento.
Otro tema imperante en esta época es la vuelta del concepto de sanidad
pública, los migrantes, especialmente de los países limítrofes podían traer
enfermedades infecciosas peligrosas poniendo en peligro la población y ser una
posible carga para el sistema de salud. El cónsul de Francia en la entrevista
que se le realizó para este trabajo hace mención que muchas enfermedades que se
había erradicado de Europa están apareciendo de nuevo en el viejo continente
por culpa de los migrantes (Sonzini Astudillo; 2011). Muchas enfermedades como
la Tuberculosis son enfermedades que uno puede asociar con la pobreza, porque la gente carenciada no tienen los medios para
la prevención o para curarse si la contrajera, y no con la condición de ser
migrante y menos de un país limítrofe. Hay que agregar, que no hubo grandes
pandemias en estos años como la que se vivió con la fiebre porcina del 2009,
que vino desde el hemisferio Norte. En el hemisferio sur en todo caso puede
haber epidemias de cólera o de fiebre amarilla pero los gobiernos locales en
mayor o menor medida saben cómo manejar estas situaciones.
Durante esta etapa del gobierno de Menem se establecen los criterios de
radicación agregando algunos nuevos, pero los migrantes limítrofes en promedio
no podían enmarcarse dentro de la mayoría de estos criterios, al menos que
tuviesen padre o madre argentino, cónyuge de un argentino o tener un hijo
argentino. La posición de la Argentina sobre la cuestión migratoria se ve
plasmada en la manifestación del
Canciller del momento, Guido di Tella, quien expresó en una conferencia
“Queremos resaltar que el derecho de migrar y a no migrar, y la viabilidad para
su ejercicio es responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto”
(di Tella en Novick; 2004, p 30). “Argentina tiene una buena predisposición
para recibir migrantes, pero no renuncia a su derecho de controlar y regular
los flujos migratorios”. (Novick; 2004, p 30). Había una intención manifiesta
del gobierno de Menem de atraer migrantes de Europa del Este y Central, esto
sería articulado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no tuvo
el éxito que se esperaba sólo 400 personas accedieron a venir a Argentina
(Novick; 2004; p 30). Los europeos del este y del centro no estaban interesados
en inmigrar masivamente en búsqueda de trabajo a una tierra lejana como
Argentina, debido al hecho que ellos tenían uno de los mercados de trabajos más
grandes y dinámicos del mundo, con un sistema de seguridad social muy bien
desarrollado en los países de la Unión Europea. Si lograban insertarse en estos
países, no sólo tenían asegurado cierto bienestar material, sino también,
estabilidad con una buena calidad de vida. Aquí se puede observar lo difícil
que es generar una corriente migratoria artificialmente, si no están dadas las
condiciones necesarias. Las personas no migran voluntariamente. Autores como
Douglas S. Massey sostienen que la mayoría de los migrantes le dan preeminencia
a la buena calidad de vida y a la seguridad ontológica, pueden migrar a lugares donde saben que van a
cobrar menos, pero también saben que tienen acceso a un buen sistema de
hospitales públicos o una buena educación para sus hijos, esto también es
observable en muchas de las migraciones actuales de los países limítrofes a
Argentina, es la visión que ellos tienen
del país (Cave; 2011), pero esto se verá más adelante en otros post.
Ahora vamos a retroceder y detenernos sobre un concepto que esgrimió
Guido di Tella, el derecho de no migrar,
“es el derecho que tiene toda persona a permanecer en el lugar donde habita y
desarrollar su vida económica y social, sin necesidad de trasladarse a otra
parte para mantener una sobrevivencia” (Marmora; 2004, p 111). El Estado tiene
la obligación de crear las condiciones para que las personas no se vean
obligadas a migrar. Lo que manifiesta di Tella es la responsabilidad de los
otros Estados sobre sus poblaciones, que tomen medidas para asegurar que la gente no se vea obligada
a migrar a otros países. El centro de la cuestión es que a veces algunos países
no toman medidas para evitar la salida de emigrantes de su territorio, con el
motivo de aliviar problemas sociales en sus territorios, traslada sus problemas
de desempleo, por ejemplo, a otro país.
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